Sánchez concluyó la legislatura sin aprobar el convenio para pagar los 185 millones del tranvía de Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concluyó la legislatura tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, sin firmar el convenio para desembolsar los 185 millones prometidos para hacer realidad el fantasmal tranvía de Palma.

Una eterna promesa electoralista de los socialistas de Baleares desde hace más de una década, convertida en el proyecto estrellado de nunca acabar en materia de movilidad sostenible.

Después de que en noviembre del año pasado, la ministra socialista de Transportes, Raquel Sánchez, firmará un protocolo con la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, para construir una línea de tranvía entre el centro de Palma y el Aeropuerto Son Sant Joan, y se comprometiera a financiar al 100% de los 185 millones que cuesta el tramo I de esta infraestructura, el avance ha sido prácticamente nulo.

Más allá de los 20 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de este año, pero no desembolsados, no hay nada.

En plena campaña electoral para los comicios autonómicos y municipales del pasado mes de mayo, el mantra del tranvía volvió a aflorar. El ahora presidente socialista en funciones, Pedro Sánchez, afirmaba en su visita mitinera a Palma que «en las próximas semanas» llevaría al Consejo de Ministros el convenio por el que el Estado invertirá los 185 millones de euros para financiar el tranvía de Palma.

La legislatura tocó a su fin el pasado mes de julio con el adelanto de las elecciones generales, con otra promesa electoral incumplida por Sánchez para Baleares.

Unas elecciones que han complicado el tablero político hasta extremos nunca vistos, y que puede dejar en la estacada o retrasar de forma indefinida, la aprobación del convenio del tranvía por el Consejo de Ministros del nuevo gobierno español, una vez que se constituya.

Ante este panorama, el cinismo de los socialistas sobre lo ocurrido ha ganado enteros. Así se se pudo comprobar en el primer pleno ordinario de la legislatura celebrado por el Ayuntamiento de Palma el pasado 27 de julio.

Una sesión donde la ahora portavoz municipal del PSOE, Rosario Sánchez, exigió a la nueva consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear del PP, Marta Vidal, «que haga su trabajo» y exija que el convenio pase por el Consejo de Ministros.

A la incertidumbre gubernamental, hay que sumar que el nuevo gobierno municipal del PP en Palma, encabezado por el alcalde Jaime Martínez, se ha posicionado claramente en contra del tranvía.

De hecho el mes de julio pasado el primer edil, en una de sus primeras comparecencias públicas, denunciaba que no hay garantía alguna de que esos 185 millones anunciados por Sánchez y Armengol para el tranvía, vayan a llegar a las arcas del Govern balear, que sería el encargado de ejecutar las obras.

Aunque Martínez no es partidario de esta infraestructura, sí que reclamará esa inversión para ejecutar otros proyectos de movilidad para Palma, incluidos en el programa electoral del PP.

Entre otras cuestiones, la electrificación de la flota de transporte público de Palma y la construcción de aparcamientos disuasorios en el extrarradio de la ciudad, con acceso a transportes públicos alternativos al vehículo propio.